En Ecuador, el derecho es el fundamento que sostiene la estructura social y política del país, regulando la convivencia entre sus habitantes y garantizando la justicia en todos los niveles. La Constitución de la República del Ecuador, adoptada en 2008 y actualizada hasta mayo de 2024, define al Estado ecuatoriano como un ente constitucional de derechos y justicia, democrático, intercultural, plurinacional y soberano. Este marco normativo prioriza el «buen vivir» o sumak kawsay, un concepto que integra principios de sostenibilidad, equidad y armonía con la naturaleza.

El derecho en Ecuador abarca un enfoque integral de garantías y deberes, siendo los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza elementos esenciales de su estructura. La Constitución establece que el Estado tiene el deber de garantizar la igualdad, la no discriminación y el acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia, promoviendo la equidad social y territorial.

Además, Ecuador ha sido pionero al reconocer los derechos de la naturaleza (Pacha Mama), garantizando su protección y restauración. Este enfoque innovador resalta el compromiso del país con el desarrollo sustentable y el respeto por el medio ambiente.

El sistema jurídico ecuatoriano también promueve una justicia accesible, imparcial y eficaz para sus ciudadanos, asegurando el debido proceso y el acceso gratuito a la justicia. En términos de diversidad, la Constitución reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, fomentando la interculturalidad y la inclusión.

En definitiva, el derecho en Ecuador, inspirado en los valores constitucionales, busca construir una sociedad equitativa y respetuosa, que garantice la dignidad y los derechos de todas las personas y colectividades, así como la preservación del entorno natural. Este marco legal no solo guía al Estado en su actuar, sino que empodera a los ciudadanos para construir un futuro basado en justicia, paz y bienestar.